Revista PROPUESTAS EDUCATIVAS
VOLUMEN
5, Nro. 10 / JULIO-DICIEMBRE 2023
ISSN: 2708 – 6631 / ISSN-L: 2708 - 6631 / Pp.
77 – 89
www.propuestaseducativas.org
Una mirada al sistema educativo universitario de Venezuela y
Chile: dos visiones divergentes
A
look at the university education system of Venezuela and Chile: two divergent
visions
Tania Zulay Bencomo Escobar
taniabencomo@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0913-6185
Pablo Parquet Aure
Sánchez
pabloaure@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8280-4218
Ensayo recibido el 10 de marzo 2023 | Arbitrado el 05 abril 2023
| Aceptado el 25 de abril 2023 | Publicado el 01 de julio 2023
https://doi.org/10.61287/propuestaseducativas.v5i10.6
RESUMEN
El presente ensayo
se desarrolló con la finalidad de analizar ciertas características del sistema
educativo venezolano en contraste con un país latinoamericano, en este caso,
Chile que cuenta con un sistema de naturaleza predominantemente privada, en ese
sentido, fue de interés la revisión y el análisis sucinto de aquellos aspectos
que permitieran visibilizar brevemente, la naturaleza y funcionamiento del
sistema educativo superior, para generar las respectivas reflexiones. En
consecuencia, para lograr lo pretendido, se realizó una investigación que
atendió a un diseño documental y de nivel descriptivo. Se concluyó que en ambos
países, la educación se reconoce como un derecho humano social fundamental, y
en el caso venezolano el Estado se erige como el garante de tal derecho,
instituyéndose en la figura del “Estado Docente” siendo una expresión rectoral
estatal, que asume tal función indeclinable como deber social a través de
políticas educativas de carácter público, y en el caso chileno, el Estado sólo
regula y orienta la calidad de la enseñanza, pero no de forma directa ya que no
asume el papel de docente, sino de facilitador en cooperación con el sector
privado que predomina en la dirección y funcionamiento de la educación
superior.
Palabras
clave: Sistema educativo; Público; Privado; Universidad; Reforma y
transformación
ABSTRACT
The present essay was developed with the purpose of
analyzing certain characteristics of the Venezuelan educational system in
contrast to a Latin American country, in this case, Chile, which has a system
of a predominantly private nature, in this sense, the review and analysis was
of interest. summary of those aspects that would make
it possible to briefly visualize the nature, structure and functioning of the
higher education system, to generate the respective reflections. Consequently,
to achieve what was intended, an investigation was carried out that attended a
documentary design and a descriptive level. It was concluded that in both
countries, education is recognized as a fundamental social human right, and in
the Venezuelan case the State stands as the guarantor of such right,
establishing itself in the figure of the “Teaching State” being a state rectoral expression, which assumes such an indeclinable
function as a social duty through educational policies of a public nature, and
in the Chilean case, the State only regulates and guides the quality of
teaching, but not directly, since it does not assume the role of teacher, but
of facilitator in cooperation with the private sector that predominates in the
direction and operation of higher education.
Key words: Educational system; public, private, university;
reform and transformation.
INTRODUCCIÓN
Consideraciones preliminares
Como punto previo al análisis comparado entre los sistemas de
educación superior de Venezuela y Chile, es menester señalar que el discurso de
la reforma educativa, cuando se ha producido en ambos países, como en otros,
siempre va a obedecer a un despliegue de racionalidad técnica, destinada a
realizar ajustes coyunturales en los modelos tecnoformativos
de educación superior, con la tendencia a generar recursos humanos para atender
los requerimientos de la globalización, la economía y mejorar la excelencia y
la competitividad mediada por las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Parra, 2013, p.17).
Cabe destacar, que la tendencia histórica es hacia la
estandarización de los modelos educativos en los Estado-Nación modernos,
observada en la reconfiguración de los sistemas educativos nacionales, dando
lugar a una homogeneización relativa y una estandarización en aumento (Rojas,
2017). Históricamente los avances tecnológicos siempre han modificado los
sistemas productivos, y en el mundo globalizado mediado y transformado por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, ocurre también lo mismo. Sin
embargo, el escrutinio para la participación de las universidades como
aportadoras del recurso humano, para asegurar esa transformación, no se había
visto tan intensificada en cuanto a su correlación con el mercado de trabajo,
la formación por competencias, y el emprendimiento, como hasta ahora.
Esta tendencia de cambio educativo atendiendo principalmente al
mercado de trabajo globalizado, algunos la califican de conservadora, porque la
misma no afecta el modelo de acumulación de capital (Parra, 2013). En
contraste, con la llamada transformación educativa, puede entenderse como un
cambio más profundo. En Latinoamérica por ejemplo, una zona caracterizada
históricamente por las apremiantes diferencias de carácter socioeconómico, el
sistema educativo propugna por constituirse en un medio para la inclusión y el
ascenso social mediante el estudio profesional y de desarrollo humano y
cultural de los ciudadanos, entendido como un derecho humano y un bien público
social, que abarca a todos los niveles educativos.
DESARROLLO
Encontrando
necesidades latinoamericanas comunes
Con
respecto a las necesidades del espacio sociocultural regional, en
Latinoamérica, como se dijo anteriormente, es un espacio importante del
continente americano que se caracteriza por la desigualdad social, bajos
niveles de integración, altos índices de pobreza con acentuadas carencias
económicas, por lo que, la educación superior se patrocina como un medio para
la inclusión y el ascenso social mediante el estudio profesional y de desarrollo
humano y cultural de los ciudadanos, entendido como un derecho humano y un bien
público social, que abarca a todos los niveles educativos. En ese sentido la
Declaración Final de la III Conferencia Regional de Educación Superior en
América Latina y el Caribe 2018, con el aval del Instituto Internacional de la
UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC),
expresó:
La III
Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe
refrenda los acuerdos alcanzados en las declaraciones de La Habana (Cuba) de
1996, de la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de
1998 y de Cartagena de Indias (Colombia) de 2008 y reafirma el postulado de la
Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal,
y un deber del Estado (pp.6).
Como se reconoce en dicha declaración, el papel del Estado
resulta esencial a los efectos de garantizar el acceso a una educación superior
de calidad, como un derecho humano esencial. En dicho sentido, la disputa por
determinar qué conocimientos son necesarios para el desarrollo de la sociedad,
es también la disputa política por la sociedad que se necesita construir para
la región. En ese sentido, los conocimientos son también un bien público social
exigible por parte de la sociedad, y por tanto, se requiere la democratización
de su acceso, su uso y su aprovechamiento. Ese estado de cosas, obliga a
replantearse la ciencia como una función social para la sostenibilidad,
preservación de la diversidad cultural, la convivencia humana, y la
reproducción de la vida en democracia.
En lo tecnológico, se expresa la necesidad de promover en la
educación superior regional, la creación de redes de investigación científica
responsable e interdisciplinaria, que generen ecosistemas de innovación sociotécnica, que bajo una equidad epistémica, proteja los
conocimientos ancestrales, acordes con el sentido público y común de los
conocimientos y las tecnologías.
Esto
implica no limitar a la necesidad crematística de aumentar la competitividad
económica dentro de las reglas de juego del mercado tecno-globalizado, como
único elemento a considerar, ya que los fines espirituales de la educación
superior transcienden esa meta meramente economicista. Y son las propias
tensiones de las fuerzas que conforman el andamiaje gnoseológico, lo que obliga
a una reconceptualización de la racionalidad dentro
de las organizaciones humanas, incluidas en ellas las universidades,
direccionándolas hacia la responsabilidad social en la posmodernidad (Parra,
2018).
Se
requiere entonces contrastar las dos grandes visiones de la educación superior
según la racionalidad política. ¿Cuál sería la universidad necesaria para la
región? Esto varía desde el eje crítico del problema, que pasa por pensar en
una universidad entendida como una empresa, delineada por las necesidades del
mercado globalizado y competitivo; entendida como un servicio privado, bajo la
influencia reformista de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en
orientación a la tendencia europea desde la década de los ochenta y noventa del
siglo XX, para generar una
educación
transnacional, descontextualizada de la realidad regional (García, 1996).
En contraste con la visión de la “universidad-empresa”, está la
de “educación-ciudadanía activa”, que presupone que la formación debe ir
encaminada a desarrollar el compromiso de solidaridad con la ética de la
responsabilidad social compartida; con una ciudadanía activa, que implica ser
solidaria, participativa, inclusiva y democrática, mediante ajustes ideológicos
que permitan la inclusión de la población en el sistema educativo, mediante la
masificación del acceso al bien público del conocimiento para el ejercicio de
un derecho humano (Albornoz, 2001).
La educación superior no sólo debe aceptar pasivamente las
imposiciones globalizadoras que perfilan una neosubjetividad
del patrón micro electrónico; sino rebasar el modelo de aproximación a los
saberes de la lógica tecnocrática y burocrática universitaria, permitiendo una
comprensión de la complejidad gnoseológica, que abra espacios para la intuición
y las emociones, superando las limitaciones epistémicas de la racionalidad
moderna. Esto desde la vertiente política, implica lograr un consenso político
serio, amplio y de largo aliento, que facilite la inclusión democrática de las
amplias mayorías, sin caer en la negación de la realidad material económica,
insistiendo maniqueamente en la pureza de una educación centrada exclusivamente
en la búsqueda del Ser, enajenada de la realidad material circundante. En ese
sentido, la aplicación de un enfoque educativo no puede excluir los elementos
neurálgicos del resto.
Reflexiones
en torno al eje central de la educación
El
autor León (2007), señala que la educación consiste en preparación y formación
para inquirir y buscar con sabiduría e inteligencia, aumentar el saber, dar
sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia, aprender de otros,
entendido como el intento humano más importante entre los hombres para
transformarse y mantenerse unidos, siendo parte uno del otro en la estructura
de la cultura, diferenciándose e identificándose a través de intercambios
simbólicos y materiales.
Puntualiza
además, que la educación consiste en creación y desarrollo evolutivo e
histórico de sentido de vida y capacidad de aprovechamiento de todo el trabajo
con el que el hombre se esfuerza y al cual se dedica, durante los años de su
vida, de manera individual y colectiva; bien bajo su propia administración o
bajo la dirección de otros, de organizaciones públicas, privadas o bajo la
administración del Estado.
Por su
parte Sánchez (2022), resalta que la educación es la formación práctica y
metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es
un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y
conocimientos esenciales para
ponerlos en
práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su
infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde una
persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades,
valores éticos y culturales para hacer una persona de bien en el futuro.
Cabe destacar que la Declaración Mundial sobre la Educación
Superior, emanada de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior,
organizada por la UNESCO en París, en Octubre de 1998, estableció lo siguiente:
“La educación es uno de
los pilares fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo
sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible para todos a lo largo de
toda la vida, y de que se necesitan medidas para asegurar la coordinación y
cooperación entre los diversos sectores y dentro de cada uno de ellos y, en
particular, entre la educación general, técnica y profesional secundaria y
postsecundaria, así como entre universidades, escuelas universitarias e
instituciones técnicas”.
De tal manera que el tema educativo es vital y fundamental para
las Naciones- Estado, al tiempo que propugna la educación como pilar
fundamental de los derechos humanos, y debe ser accesible a lo largo de toda la
vida, requiriéndose de medidas que permitan asegurar la coordinación entre los
diversos sectores educativos a nivel general, técnica, y profesional.
Para el
legislador venezolano, la educación en coincidencia con ciertos aspectos de la
UNESCO, está ideada como un derecho humano y deber social fundamental, como un
proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusiva y de calidad,
permanente, continua e interactiva, mediante la cual se promueve la
construcción social del conocimiento, la valoración ética y social del trabajo,
y la integralidad y preeminencia de los derechos humanos, entre otros aspectos.
En
similitud con lo anterior, Echegaray Rubio (2014), sostiene que la educación es
el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo nacional y la
edificación de una nación justa, solidaria, incluyente, democrática y exitosa,
de tal modo, que el derecho humano a la educación, surge con el
constitucionalismo social, cuando comienzan a reconocerse dentro del
ordenamiento jurídico supremo de un país como límite al poder público y en pro
de garantizar y asegurar el bienestar de sus ciudadanos, los derechos sociales
que le son inherentes como parte de un Estado organizado.
Es
imperiosa la revisión del ámbito educativo actual, ya que se desarrollan
procesos de reforma, adaptación y adecuación frente a los
vertiginosos cambios de
naturaleza económica, política, social y hasta de naturaleza científica
tecnológica que acontecen en la sociedad, pues bien de forma particular, las
Casas de Estudios Superiores son las llamadas a dar respuesta a los problemas
de la Nación, de forma general, pensamos que la educación se encuentra intimada
a un proceso de revisión y adaptación frente a los desafíos que impone esta
época, hoy por hoy, están convocadas a responder a las peticiones de la
sociedad, así como realizar los aportes necesarios para el desarrollo de las
naciones mediante la producción y transferencia de conocimientos.
A pesar de que cada época es distinta con diferentes enfoques y
maneras de hacer las cosas, el entorno de hoy es complejo y heterogéneo, lo que
está ocurriendo ahora es único, nuevas fuerzas están alterando el tradicional
modelo de educación y liderazgo, por lo que es necesario que desde los Entes Superiores
se revisen diversas alternativas y opciones para el avance y desarrollo del
sector, las instituciones educativas de nivel superior a través de sus docentes
y estudiantes, así como los trabajadores deben liderar los cambios y reconocer
la urgente necesidad de utilizar nuevas herramientas y estrategias flexibles en
el entorno educativo en aras de la mejora y eficiencia de los procesos
ejecutados en el sistema universitario, siempre con la visión dirigida al
fortalecimiento de la educación iniciada en los ciclos educacionales anteriores
y en consecuencia, contribuir en definitiva a la solución de los problemas
nacionales, así como en la formación integral de un buen ciudadano.
Nudos
críticos en la educación venezolana
El
papel del Estado venezolano en lo que respecta al nivel de participación en el
marco del reconocimiento de la educación como un derecho humano, el Estado no
solamente se erige y se milita a ser garante de tal derecho, sino que el propio
Estado asume el papel de docente, al darle mayor prioridad a la educación
pública gratuita que a la educación privada, de hecho, en la Ley Orgánica de
Educación se consagra la figura del “Estado Docente” con amplias competencias y
como expresión rectora del Estado en educación, en cumplimiento de su función
indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social
fundamental, inalienable, irrenunciable, y comoservicio
público que se materializa en las políticas educativas, rigiéndose por los
principios de integralidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y
corresponsabilidad.
De tal
manera que según la Ley antes referida, el Estado venezolano asume importantes
compromisos en las instituciones educativas oficiales, ya que debe garantizar
por una parte, la idoneidad de los trabajadores de la educación, la
infraestructura, la dotación y el equipamiento, y por otra parte, los planes,
programas, proyectos, actividades y los servicios que aseguren a todos y todas,
la
igualdad de
condiciones y oportunidades, la promoción de la participación protagónica y
corresponsable de las familias, la comunidad educativa y las organizaciones
comunitarias.
Teniendo en cuenta lo expuesto, son revisables los resultados de
las políticas económicas y sociales educativas desarrolladas en Venezuela, que
abarcaron la “transformación” de la educación superior bajo políticas de
inclusión social, a través de la potenciación de lo público, habría que
replantearse pragmáticamente, ya que no existe una respuesta única a esta
problemática, y que la transformación de la universidad para atender la
demandas sociales, no pasa por convertirla en una empresa corporativa con el
fin de lucro como norte primordial, ni tampoco en un ente estatal burocratizado
y politizado ajeno a las realidades del mercado, por eso es necesario emprender
serios y cónsonos procesos de cambio, que atiendan al mercado laboral, a lo
tecnológico y asimismo a la revalorización de los principios y valores humanos.
En lo tecnológico es imperativo, se expresa la necesidad latente
y emergente de promover en la educación superior la creación de redes de
investigación científica responsable e interdisciplinaria, que generen
ecosistemas de innovación sociotécnica, que bajo una
equidad epistémica, proteja los conocimientos ancestrales, modernos y
postmodernos acordes con el sentido público y común de los conocimientos y las
tecnologías.
Es
menester buscar la integración de visiones aparentemente divergentes para
mejorar el sector educativo, ya que se demanda una universidad que forme tanto
a profesionales para el mercado de trabajo, como ciudadanos para ejercer la
ciudadanía activa en defensa de la democracia, todo ello, implica un proceso de
revisión y análisis que conlleva a movimientos de reforma del pensamiento y
trazar nuevas líneas de acción en pro de una universidad abierta a todas las
corrientes del pensamiento, que atienda a las demandas sociales, que responda a
los problemas de la Nación, despojada del populismo, que priorice en calidad
educativa y no cantidad de matrícula, que sea competente, tecnológica, capaz de
impulsar diversos programas en todos los campos del conocimiento científico y
tecnológico, centrada tanto en la educación como la investigación, teniendo
conciencia como organización dinámica, que debe hacer frente a una nueva
realidad que cambia diametralmente el concepto tradicional de universidad.
Ahora
bien, bajo el discurso de una transformación educativa profunda, y no de una
mera reforma superficial, es necesario destacar que en Venezuela se implementó
un agresivo programa de creación de instancias educativas públicas superiores,
paralelas a las autónomas, totalmente dependientes del gobierno nacional que
produjeron un incremento del 170% de la matrícula universitaria entre los años
1998 y
2009, según datos aportados por
Venezuela a la UNESCO, que implicaba para el país estar en el segundo lugar de
matriculación en el continente, y en el quinto lugar en el mundo (Compendio
Mundial de Educación, 2010).
Así pues, la matrícula era de 2 millones 150 mil estudiantes, lo
que implicaba una cobertura de 79.53%, incluso superior a la de Estados Unidos,
siendo la media regional de 40% (Ramos, 2020). Sin embargo, pese a esa mejora
desde el punto de vista inclusivo, también se advierte desde un primer momento,
la desmejora de la calidad de la enseñanza (Albornoz, 2011, p.190), con una
marcada enseñanza precaria signada por dificultades de orden logístico,
material y de formación docente.
En este sentido, es menester advertir que dicho proceso
inclusivo venezolano, nació con un “pecado original” acuestas, y es que se
construyó bajo una racionalidad inmersa en el modelo tecno burocrático rentista
petrolero venezolano (Parra, 2013, p.18). Y es en razón de ello, que independientemente
de que se califique semánticamente a un proceso de cambio educativo, como
reforma o transformación, el mismo siempre responderá a una racionalidad
política bajo formalidades técnicas, ya que esa política educativa atiende a
“una determinada visión de la universidad, entendida como regímenes de saberes,
en el marco de las reglas del juego que imponen las hegemonías de poder”
(Parra, 2013, p.19).
Esa
política de creación de nuevas entidades universitarias públicas pero no
autónomas, generó una fragmentación dentro del propio sector público
universitario; entre el sector tradicional conformado principalmente por las
cinco (05) universidades autónomas y el sector privado, basado en la
excelencia, pero reducido cuantitativamente; y el emergente sector no autónomo
paraestatal, muy amplio cuantitativamente, pero sin un estándar óptimo de
calidad (Rama, 2020). Igualmente se centralizaron los procesos de admisión por
el Ministerio de Educación Universitaria que procuró un cambio en la
composición social de los estudiantes de las universidades autónomas. Esa
política de admisión libre no tuvo que ver con el principio de inclusión ni
equidad, sino con un enfoque “demagógico” contrario al desarrollo del país (Gabaldón, 2017).
En la
actualidad, buena parte de ese proceso llamado inclusivo, no sólo se ha
detenido, sino que se ha revertido, con una apabullante deserción escolar
motivada por las graves condiciones económicas de crisis humanitaria que padece
el pueblo venezolano, en medio de una emigración masiva nunca antes vista en la
historia del país, cercana a los 6 millones de personas (ACNUR, 2021).
5. Una
mirada a la educación en Chile
El
papel del Estado chileno en la educación se plasma en la aún vigente
Constitución de Chile, que en su artículo 19 numeral décimo,
preceptúa que la
educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas
etapas de su vida, y que el Estado deberá otorgar especial protección al
ejercicio de este derecho, correspondiéndole fomentar el desarrollo de la educación
en todos sus niveles; estimulando la investigación científica y tecnológica.
Cabe señalar que en cuanto a la participación del sector privado
en el sistema educativo chileno, se señala en el numeral 11 del citado artículo
constitucional, que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir,
organizar y mantener establecimientos educacionales, que serán regulados
legalmente. Desde lo estructural, la educación superior en Chile está
conformada por tres (03) tipos de instituciones básicas: Universidades,
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, que el Estado reconoce
conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Al
igual que en Venezuela, las universidades cumplen funciones de docencia,
investigación y extensión, otorgando en forma exclusiva los títulos
profesionales de las carreras universitarias señaladas en la ley.
Las instituciones de educación superior pueden clasificarse como
tradicionales, que serían las creadas previamente a la década de los ochenta del
siglo XX, como la Universidad de Chile, Santiago de Chile, y Pontificia
Católica de Chile, que gozan de plena autonomía, y que son financiadas
parcialmente por el Estado en un treinta por ciento (30%), a diferencia de las
universidades autónomas venezolanas, financiadas totalmente por el Estado.
Por
otro lado están las universidades tradicionales privadas creadas en la década
de los ochenta, que no reciben aporte estatal. Ese financiamiento no estatal no
se limita al cobro de aranceles, sino también a convenios en materia de
investigación con empresas transnacionales, que por ejemplo, en el momento
crítico de la pandemia le permitieron a Chile, obtener acceso temprano a una de
las vacunas contra el Covid-19.
En 1990
en Chile existían 220.000 estudiantes en la educación superior; en el año 2003
la educación superior chilena absorbió a una población de 542.580 estudiantes
de pregrado, y actualmente sobrepasa los novecientos mil en una población de 2
millones de jóvenes en edad de ingreso a la educación superior, con una
cobertura cercana al 50%, en un país con una población total de 17 millones de
habitantes. Sin embargo sólo el 15% de los jóvenes estudiantes pertenecen a los
estratos más bajos de la población. Para enfrentar esa desigualdad de oportunidades,
se creó el Sistema Nacional de Financiamiento Estudiantil, a través de crédito
y becas para financiar total o parcialmente los aranceles.
La
reforma educativa en la década pasada estaba encaminada a la atención del
mercado en la globalización, para un cambio científico y tecnológico, asumiendo
que el progreso está vinculado al desarrollo de las capacidades
para
gestionar, difundir, utilizar y crear el conocimiento. Sin embargo los costos
de la educación superior y las limitaciones en las becas de acceso, han sido
motivo recurrentes de protestas estudiantiles reclamando una educación superior
totalmente gratuita como sucede en el resto de la región.
Luego de masivas y violentas protestas juveniles promovidas por
sectores de izquierda, reclamando un cambio de paradigma en las relaciones del
Estado con los ciudadanos, se inició un proceso constituyente en Chile, el cual
fue rechazado recientemente el pasado mes de agosto de 2022. En la nueva
constitución que se estaría gestando, dominada por sectores de izquierda, la
proyección de una participación directa del Estado en la prestación del
servicio educativo en general, y por supuesto, en la educación superior; bajo
un compromiso nacional con la educación pública. Eso se concatena en lo
político con el Programa Electoral de Gabriel Boric,
presidente de Chile, que plasma un agresivo impulso para expandir la educación
pública, para que se convierta en la predominante frente a la privada. La
creación masiva de salas cunas, jardines, escuelas, liceos y universidades
públicas como garantía del derecho a la educación. El Estado debe expandir la
educación pública a todos los niveles, desplazando a la privada. Un cambio
paradigmático importante, donde el papel del sector privado en la educación es
el preponderante en los últimos 40 años.
Al
desafío de la inclusión en Chile en un contexto de educación con predominio
privado, se suma el impacto migratorio. Aproximadamente 400 mil venezolanos
residen actualmente en Chile escapando de la crisis humanitaria del país. En
ese sentido la UNESCO elaboró un estudio que resalta el esfuerzo chileno para
la inclusión educativa flexibilizando los requisitos matriculares, como la
figura del Identificador Provisorio Escolar (IPE), que facilita a migrantes a
iniciar estudios aunque no hayan regularizado aún su situación migratoria, que
benefició a más de 30.000 estudiantes venezolanos en 2020. Pero aún los
emigrantes no tienen acceso a créditos educativos o ayudas económicas para
financiar la escolaridad; instando a Chile a avanzar en ese sentido; y además
de contar con docentes cualificados en interculturalidad, y profundizar las
políticas de inclusión y diversidad. En ese orden de ideas, la Oficina Regional
de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc)
de la Unesco, expresó “la necesidad de proteger y resguardar la seguridad y
bienestar de cientos de familias que junto a sus niños y niñas han ingresado al
país es un asunto prioritario” (Efe, 2021).
En
cuanto a la implementación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación al campo educativo, la educación chilena ya había avanzado en
programas de educación a distancia por medios digitales, pero durante la
pandemia, como en la mayoría de países, esta
opción se
intensificó. En ese sentido, Chile implementó diversas plataformas digitales
para la educación a distancia, como el programa “aprendo en línea” del
Ministerio de Educación. En cuanto a la infraestructura tecnológica, Chile es
el primer país latinoamericano que proyectó el despliegue de la tecnología 5 G,
que es un servicio de quinta generación para telecomunicaciones, que representa
un salto cualitativo equivalente al que existió entre la banda ancha y el
modem. Esto facilita la integración a la sociedad del conocimiento y sus
beneficios, a través de una capacidad diez (10) veces mayor a la interconexión
anterior, en cuanto a lactancia y disminución del consumo de energía. Pero
dicha adaptación tecnológica viene de una inversión pública en infraestructura
para comunicaciones, de tres mil millones de dólares, para crear nueve mil
radios estaciones en la red.
CONCLUSIONES
Consideraciones
finales en cuanto a los ejes críticos desarrollados en la educación comparada
entre Venezuela y Chile
El papel del Estado en el proceso educativo difiere en ambos
casos, en lo referente al nivel de su participación, ya que pese a que en ambos
se reconoce la educación como un derecho humano, en el caso venezolano el
Estado no solamente se erige y se milita a ser garante del mismo, sino que el propio
Estado asume el papel de docente, al darle mayor prioridad a la educación
pública gratuita que la privada. Mientras, en el caso chileno el Estado regula
y orienta la calidad de la enseñanza, pero no directamente, no asume el papel
de docente, sino como facilitador en cooperación con el sector privado. No
obstante, esa característica del sistema chileno ha generado fuertes tensiones
sociales acumuladas, fundadas en los niveles de desigualdad de oportunidades,
que de alguna manera incidieron en el desembocado proceso constituyente que se
desarrolló en Chile, todo lo cual apuntaba hacia una mayor participación del
Estado en esa función docente, en la búsqueda de mayor inclusión y
participación de los ciudadanos, en el marco de ese proceso de reforma constitucional
que se emprendió en ese país.
En el
caso venezolano, son revisables los resultados de las políticas económicas y
sociales desarrolladas que abarcaron la “transformación” de la educación
superior bajo fuertes políticas de inclusión social, a través de la
potenciación de lo público, lo que generó una masificación quedando en
entredicho la calidad educativa, habría que replantearse pragmáticamente, que
no existe una respuesta única a esta problemática, y que la transformación de
la universidad para atender la demandas sociales, no pasa por convertirla en
una empresa corporativa con el fin de lucro como norte primordial, ni tampoco
en un ente estatal burocratizado y politizado
ajeno a las
realidades del mercado, por eso es necesario emprender serios y cónsonos
procesos de cambio que involucre a todos, Estado-Universidad-Mercado.
Es menester buscar la integración de visiones aparentemente
divergentes, para lograr una universidad que forme tanto a profesionales para
el mercado de trabajo, como ciudadanos para ejercer la ciudadanía activa en
defensa de la democracia, todo ello, implica un proceso de revisión y análisis
que conlleve a movimientos de reforma del pensamiento y trazar nuevas líneas de
acción en aras de una universidad abierta a todas las corrientes del
pensamiento, que atienda a las demandas sociales, que responda a los problemas
de la Nación, despojada del populismo, que priorice en calidad educativa y no
en cantidad de matrícula, que sea competente, tecnológica, capaz de impulsar
diversos programas en todos los campos del conocimiento científico y
tecnológico, centrada tanto en la educación como la investigación, teniendo
conciencia como organización dinámica, que debe hacer frente a una nueva
realidad que cambia diametralmente el concepto tradicional de universidad.
REFERENCIAS
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