Revista PROPUESTAS EDUCATIVAS

VOLUMEN 5, Nro. 9 / ENERO-JUNIO 2023

ISSN: 2708 – 6631

ISSN-L: 2708 – 6631

Pp. 10 - 27

www.propuestaseducativas.org

La investigación educativa como didáctica en la enseñanza de la posverdad. Análisis de contextos

Educational research as didactics in the teaching of post-truth. Context analysis

Antonio Nadal Masegosa

antonionm@uma.es

https://orcid.org/0000-0002-2788-0058

Grupo Internacional de Investigación Eumed, Málaga, España

Artículo recibido el 08 de septiembre 2022 | Arbitrado el 11 de octubre 2022 | Aceptado el 22 de noviembre 2022 | Publicado el 02 de enero 2023

RESUMEN

La distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, es la definición actual de la posverdad. En la promoción de la profesión docente universitaria, las presuntas verdades son regidas por revistas incluidas en rankings establecidos por multinacionales como Clarivate o Elsevier, bajo el amparo de acuerdos con todo tipo de instituciones universitarias a nivel internacional y local, como con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación español. Las distintas concepciones filosóficas de la verdad quedan reducidas a aquellas determinadas por las temáticas que las revistas imponen, sin impacto real en políticas educativas o en las realidades que se viven en los centros de enseñanza, las cuales vienen marcadas por una agenda neoliberal que en ningún caso las revistas cuestionan.

Palabras clave: Educación; Enseñanza; Investigación; Multinacionales; Publicaciones científicas

ABSTRACT

The deliberate distortion of reality, which manipulates beliefs and emotions to influence public pinion and social attitudes, is the current definition of post-truth. In the promotion of the university teaching profession, the supposed truths are governed by journals included in rankings established by multinationals such as Clarivateor Elsevier, under agreements with all types of university institutions at the international and local levels, such as the Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT), dependent on the Spanish Ministry of Science and Innovation. The different philosophical conceptions of truth are reduced to those determined by the issues that the magazines impose, with no real impact on educational policies or on the realities that are experienced in schools, which are marked by a neoliberal agenda that in no case magazines question.

Keywords: Education; Teaching; Research; Multinationals; Scientific journals

INTRODUCCIÓN

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, lleva renovando lo que denomina licencias nacionales desde hace más de una década. En el caso de Web of Science, desde 2004, y en el caso de Scopus, desde 2011. En el caso de la última renovación, hasta la fecha de esta investigación, que incluye el período 2021-2023, participaron representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Universidades, Organismos Públicos de Investigación y Bibliotecas Virtuales de Salud de las Comunidades Autónomas (FECYT 2021a), no identificados con nombres y apellidos concretos. La búsqueda sobre este último dato no arrojó resultado alguno en la propia página de internet de FECYT, ni a través de las secciones de “todo” y “noticias” de los buscadores Bing, DuckDuckGo y Google. Europa Press (2021), sobre ello, simplemente cortaba y pegaba literalmente lo comunicado por FECYT, y algunos medios de reducida audiencia, a su vez, hacían lo propio con lo efectuado por Europa Press (Diario Siglo XXI 2021, Noticias De 2021).

Para el análisis de este primer contexto inicial e introductorio, posiblemente nos encontramos ante una característica propia de la posverdad: la opacidad inicial de datos fundamentales contextuales. Dado que dentro de la sección “sala de prensa” de la anteriormente citada web de FECYT no hallábamos datos sobre los criterios de la licencia, ni de su número de expediente, nos dirigíamos, en la primera semana del mes de abril de 2022, a una sección de la web llamada “perfil del contratante”, y, dentro de ella, a “licitaciones”. Iniciábamos la búsqueda de procedimiento sin datos de la fuente primaria inicial, con lo cual en “objeto del contrato” introducíamos Elsevier, y posteriormente Web of Science.

Con el Número de Expediente FECYT/PL2020/022-y adjudicándose a la entidad invitada participar en el procedimiento-, FECYT licitaba un importe total de adjudicación ofertado (con impuestos) de 9056133 de euros, como servicio de acceso a las bases de datos “Scopus”, propiedad de Elsevier B.V., en un procedimiento negociado sin publicidad, y como justificación del proceso con código de motivo “proveedor único por razones técnicas” (FECYT 2021b). Todo ello se repetía en el Expediente FECYT/PL2020/023, pero aumentándose el coste del servicio de acceso a las bases de datos “Web of Science”, propiedad de Clarivate Analytics, hasta un importe total ofertado (con impuestos) de 13568835,78 euros (FECYT 2021c). Estas cifras venían a sumarse a otras sumas económicas considerables, como por ejemplo lo reflejado en el anuncio de adjudicación con Número de Expediente FECYT/PL/2017/041, según el cual, bajo el objeto del contrato“Contratación de los términos de la licencia nacional de acceso a la base de Bases de Datos “SCOPUS“, propiedad de Elsevier, a todas las instituciones del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, gestionada por la FECYT” (2018), se adjudicaban, con impuestos, 6208034,9 para dicha multinacional. En el análisis del contexto inicial ya se ha demostrado un montante próximo a los 29 millones de euros, con lo cual no parece muy exagerado, ni opinable, considerar lo abordado como un negocio de proporciones considerables. Recuérdese que el profesorado no cobra de las revistas por la publicación de sus investigaciones, y que estas, en gran parte, no son de acceso público sino, básicamente, solo leíbles por el personal universitario a través del acceso proporcionado por dichas instituciones tras los pagos citados, ahora solo evidenciados en parte, puesto que hay más licitaciones para estas dos multinacionales.

Cuando se habla de investigación científica, de investigación educativa, y de posverdad, y no se abordan los contextos, y la relevancia de estos, se ignora el fin del sistema económico en el que estamos inmersos, y su pensamiento hegemónico marcado por el ánimo de lucro. Como si fuera una palabra tabú, capitalismo es un concepto ajeno a las palabras clave de prácticamente todos los artículos publicados en revistas de presunto alto impacto, como a continuación veremos en un caso específico. Las realidades son obviadas por la gran mayoría de expertos y expertas de la verdad -o de la posverdad-, puesto que, probablemente, perderían esa categoría otorgada, precisamente y en gran medida, por escribir y fomentar las citadas publicaciones indexadas por las multinacionales citadas (y otras similares, pero con un menor volumen de negocio, autodenominado científico):

la comunicación científica de resultados de investigación se ha convertido en un fabuloso negocio para unos pocos, un negocio a secas para unos cuantos, y un pésimo quebranto para las finanzas públicas. Se constata la tremenda paradoja de que mientras la investigación (producción), comunicación (publicación de artículos y suscripción a revistas) es financiada mayoritariamente con fondos públicos sus resultados no son accesibles libre y gratuitamente a la comunidad científica y a la sociedad que los financia. Son las grandes multinacionales de la edición y difusión científica las que utilizando los recursos humanos públicos (autores, editores, revisores) dominan los canales de comunicación más reputados (aquellos que reciben mayor impacto) lucrándose con su comercialización. Los sistemas de evaluación del rendimiento de los científicos son la clave que apuntala el negocio pues incitan a los autores a entregar sus trabajos a aquellas revistas mejor posicionadas en los rankings, medios propiedad de las grandes multinacionales. (Delgado, 2018, 1).

Metodología y objetivos

“O que teño que facer para non ter que ir ao mar, sobra peixe que vender e fariña para amasar” (Rodríguez 2018), o lo que tengo que hacer para no tener que ir al mar, sobra pez para vender y harina para amasar… era la letra de una canción que introducía una serie televisiva sobre el narcotráfico en Galicia, basada en un libro que llegó a ser censurado (Carretero 2017; Soto y Cortés, 2018). Cuando la investigación no aborda la posverdad, sino la realidad, puede sufrir consecuencias no precisamente relacionadas con la publicación en las revistas de presunto alto impacto, ni con premios de investigación científica. Todo ello, pese a fundamentarse en fuentes primarias. Cuando quienes investigamos deseamos no ser traficantes de información (Serrano 2010), y sí seguir en el mar, y no sucumbir a otros recursos no caracterizados precisamente por la ética, la moral, y el compromiso social, aspiramos a alejarnos de las publicaciones que promulgan una posverdad que mira hacia otro lado sobre la política, la macroeconomía, y el papel de la ciencia a su servicio. No venderemos fariña, aunque seamos conscientes de que es la norma, y de lo que afecta gravemente, y no solo en sentido metafórico. Sirva esto como introducción metodológica y declaración de intenciones.

Es relativamente fácil seguir una metodología cuantitativa, e investigar sobre las cuestiones de moda, dentro de lo políticamente correcto, de la posverdad en la enseñanza. Miles de investigadores e investigadoras publicaron, sin gran problema resultados sobre, por ejemplo, el aula invertida, o flipped classroom (Nadal, 2021), en las revistas indexadas por Web of Science y Elsevier. Si “el 18,5% de los jóvenes de 18 años afirmaba haber consumido cocaína en los últimos doce meses” (Ministerio de Sanidad 2006), y el Ministerio de Sanidad no habría hecho campaña alguna sobre ello en los últimos quince años (Ministerio de Sanidad 2022), mientras que la música que escuchan niñas, niños y adolescentes incita al consumo de todo tipo de drogas (Illescas 2018)… eso ya no sería una investigación financiada con fondos públicos publicable, puesto que haría daño institucional, y como leíamos, hay mucho dinero en juego. La investigación sobre las realidades incómodas… eso es harina de otro costal.

De un tiempo a esta parte, especialmente dentro del panorama distópico impuesto tras las medidas político-económicas de todo tipo sufridas los dos últimos años -incluyéndose dos estados de alarma en el Estado español declarados inconstitucionales, y con ello, ilegales y ajenos a derecho, por parte de su propio Tribunal Constitucional (Brunet 2021)-, la investigación científica se reencontró, por decirlo de algún modo, con la etnografía virtual, dado que, como decíamos, nos vimos encerradas y encerrados ilegalmente. Las fortalezas de este tipo de etnografía, como metodología, para explorar el complejo panorama social, con la internet contemporánea, como recurso básico y prioritario (Hine2017), se abrían paso más que nunca. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, nos habría amparado en caso de imposibilidad de acceso a los datos que constituyeron nuestra investigación en lo que a los datos de la introducción se refiere, si bien todos aquellos procedimientos negociados sin publicidad, como los abordados, debieran ser objeto de profundización, dado que nos encontramos ante un importante desembolso de dinero público.

La etnografía virtual, por tanto, es la base metodológica de la presente investigación, a través de las fuentes primarias a nuestro alcance, así como de todas aquellas voces expertas, y críticas, con todo aquello que acontece en la actualidad en torno a la investigación educativa como fuente de posverdad, dentro de unos contextos no precisamente irrelevantes, sino básicos en el acceso a la función pública, encontrándonos ante un requisito directamente implicado en el acceso a cargos profesionales, por ejemplo, universitarios (plazas de profesorado sustituto interino, ayudante doctor, contratado doctor, titular y catedráticos/as). Como sabemos, literalmente, el mismo escrito, no vale lo mismo según donde esté publicado, en base a los rankings que establecen las multinacionales citadas y sus criterios, los cuales no son cuestionados por las universidades, no solo a nivel local, o nacional, sino internacional.

Si el objetivo inicial introductorio de muestra pública del macronegocio del que hablamos fue ya abordado, era necesario aproximarnos también a los contenidos de la revista de mayor impacto del Estado español, así como a comprobar si hay revistas, o algo de ellas, como fuente, o del modo que sea, cuyo cometido haya influido en las leyes sobre enseñanza a algún nivel, dado que la política es la que marca las enseñanzas infantil, primaria, secundaria y universitaria, pese a que dicha política no forme parte de los contenidos de los artículos de alto impacto publicados, lo cual cualquier lector, o cualquier lectora, puede comprobar leyendo número a número las revistas de alto impacto, puesto que, por ejemplo, para Web of Science, en el caso español, son escasas.

Un inicial marco teórico, por tanto, de corte económico, mostrando un macronegocio, regido por dinero público y multinacionales, da paso, a continuación, a la comprobación empírica de si hay impacto real de las investigaciones efectuadas y publicadas bajo los criterios de la revista más importante española en base al ranking Journal Citation Reports, y en conocer la relevación de estos rankings en el acceso a la función pública.

Posteriormente, nos aproximamos al fenómeno de la posverdad en la investigación educativa, esa que no aborda la realidad, distorsionándola deliberadamentecon el fin de la publicación de lo políticamente correcto, manipulando las creencias y emociones para un mundo más próximo al Show de Truman que a lo que acontece dentro de los muros de las aulas… que tanto influye no solo en las dinámicas de clase, sino en las vidas de estudiantes, profesorado, y familias.

Análisis de contextos de impacto.

En las universidades estatales españolas, la ley exige un informe favorable previo para las figuras de profesoradocontratado doctor y profesorado ayudante doctor; en las universidades privadas, el 60% el total del profesorado doctor debehaber obtenido una evaluación positiva también de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para la figura de profesorado de universidad privada. Además del ámbito económico, procedemos a entender dónde realmente sí impacta la publicación de artículos indexados en los rankings de las multinacionales.

Aunque es posible consultar los criterios de acreditación por todos los campos científicos, nos detenemos, en concreto, en ciencias sociales y jurídicas, y en la categoría 1.A.:

Es pertinente tener presente:

Tanto para Profesora Contratada Doctora y Profesora Ayudante Doctora

1. Experiencia Investigadora. Constituye la parte más importante de este baremo: 60 puntos sobre un total de 100.

1.A. Publicaciones Científicas. Con un valor máximo de 30.

Artículos científicos indexados en bases de datos relevantes: JCR, Scopus (los tres ámbitos científicos). Educación y Periodismo tienen también en cuenta otros índices (ESI, CIRC, Latindex)” (ANECA, 2021, 4).

La traducción de la fuente textual implica que las publicaciones científicas valen, literalmente, lo mismo, en total, que toda la categoría “experiencia docente” (cuyo acceso, en el caso universitario, es difícil sin la puntuación que otorgan las publicaciones, las cuales pueden no producirse sin vinculación previa a una institución universitaria, la cual no se habría producido sin los puntos obtenidos de las publicaciones… en un bucle quizás propio de una película de los hermanos Marx), y que toda la “formación académica y experiencia profesional”, que se constituye en categoría única. Es decir, ambas categorías, y las publicaciones científicas, cuentan con un máximo de 30 puntos cada una. Tratamos, por tanto, de que se entienda el análisis de un contexto donde el impacto de publicar en según qué revistas es realmente fundamental para los niveles profesionales abordados, pero realmente la cuestión va tan allá como la totalidad de puestos laborales universitarios existentes, simplemente se empleó un botón como muestra.

El mismo artículo en una revista indexada puede valer literalmente el doble que si fue publicado en una revista que no lo sea, puede contar aún más que un B2 en un idioma extranjero, que el Máster de Profesorado en Enseñanza Secundaria, que un año de estancia de investigación en un centro de reconocido prestigio… para una plaza de profesor/a sustituto interino (BOJA 2022). La experiencia investigadora, marcada por los rankings citados, y otros, puede ser hasta tres veces más puntuada que la experiencia docente, y hasta diez puntos más válida que la propia formación académica, para el acceso a las citadas plazas interinas (Universidad de Málaga 2021), cuyo valor, entre otros, se encuentra en el futuro acceso a las plazas con mayor estabilidad laboral, y superiores ingresos económicos. Consultar las bases y baremos de todas las universidades españolas nos aportará una amalgama de criterios bajo las arbitrariedades locales, y en algunas de ellas, comprobaremos como autores/as prolíficos/as en artículos en revistas indexadas logran las puntuaciones adecuadas para el acceso consolidado a las mejores posiciones profesionales. Hay autores/as con hasta siete, ocho o diez artículos publicados en revistas indexadas… que, además, son miembros de sus organigramas científicos (Fuentes et al, 2012). Y ello, pese a que, en algunos casos, los índices de rechazo de estas revistas superan el 90%.

Quizás podemos hablar de una prueba más del férreo dominio y poderío de una hegemonía intelectual posmoderna (Fortes 2010). La fabricación de la excelencia académica a través del factor de impacto impone una forma de pensar y de investigar, pudiendo darse conductas no precisamente éticas (Santos y Fernández-Ríos, 2016). Incluso existirían “sectas de formación para el rendimiento” (Hargreaves 2012). Centrémonos en un nuevo contexto de análisis: la legislación educativa, aquella que marca las políticas.

Veamos las fuentes de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Se mencionan Una educación de calidad para todos y entre todos. Propuestas para el debate(Ministerio de Educación y Ciencia, 2004), distintas legislaciones previas, los objetivos educativos planteados por la Unión Europea y la UNESCOpara la década 2020/2030, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas 2015), la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 (UNICEF 2016), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas 2021), la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (Organización Mundial de la Salud 2004), el Informe de la Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de género (Comisión de Igualdad 2017), el Diseño universal de aprendizaje (Center for Applied Special Technology 2022), y algunas fuentes institucionales más. Palabras como revistas, artículos de las mismas e investigaciones de estas, su presunto impacto… no existen en esta legislación. Transitemos hacia un documento anterior.

Fijémonos en la derogada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Las fuentes no varían en gran modo: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sus pruebas PISA (Programme for International Student Assessment), los resultados de 2011, difundidos por EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities), en relación con los indicadores educativos de la Estrategia Europa 2020, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 (Comisión Europea 2010), la Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática (Comité de Ministros 2002)… Las revistas, y toda la amalgama de conceptos que implican, brillan por su ausencia.

En la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, no encontramos índices de impacto, revistas, investigaciones, o artículos mencionados que hayan transformado cualquier cuestión sobre la enseñanza superior. En 2022, en el documento24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022), lo más próximo que hallaríamos sería una mención a las investigaciones, por parte de la Comisión Europea… pero del año 2007… dejando este escrito a todas las investigaciones previas a qué altura. Las fuentes, en este caso, son inequívocas y más explícitas, si cabe, que nunca: UNESCO, el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Incheon (República de Corea), la ONU, la Agenda 2030, un manual de la Comisión Europea sobre la inserción profesional, las conclusiones del informe PISA de la OCDE, el Consejo de la Unión Europea... ni un solo artículo de alto impacto en base a los criterios de Elsevier o Clarivate.

El impacto, entendido precisamente como efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe… o en este caso, un artículo indexado, parece nulo en la legislación educativa. No lo es, sin embargo, en lo económico, ni en lo profesional, como hemos comprobado. Básicamente, el impacto, o lo así definido, por ejemplo, por el Journal Citation Reports, de Web of Science, es decir, de Clarivate, es un complejo sistema compuesto de indicadores principales como las métricas de impacto, las métricas de influencia y las métricas de origen (Gregorio-Chaviano et al, 2021), que da lugar a unos numeritos que no te convertirían, teóricamente, en mejor investigador/a, o mejor docente, que otros/as… pero si te darían más puntos para la acreditación institucional y profesional de ello, porque el ministerio correspondiente, o la universidad, o facultad, o comisión académica de donde sea, así lo determina. No hay lógica de impacto real, más allá de lo que te citen, que es como calculan las métricas. Y que te citen no implica transformación social alguna.

El factor de impacto tuvo un origen bibliotecario, relacionado con la gestión de las colecciones de revistas. Hay un alto número de criterios para acreditar su ilógica científica plena (Delgado-López-Cózar y Martín-Martín, 2019; Feenstra y Delgado, 2022), pero sigue siendo, parece que constantemente, necesario desenmascarar a toda una industria de la ciencia cuyos métodos y fines no serían precisamente la mejora de nuestra sociedad actual, sino el lucro. Hay miles de investigadores/as que publican un artículo cada cinco días (Ioannidis et al, 2018). Las autocitas extremas y las "granjas de citas" (grupos relativamente pequeños de autores/as que citan masivamente los artículos de los/as demás de la granja) hacen que las métricas de citación sean espurias y sin sentido (Ioannidis et al, 2019).

Investigación educativa, posverdad y la realidad contextual

Comunicar, Revista Científica de Comunicación y Educación, ocupa, en el ranking Journal Citation Reports (JCR-JIF)-2021, el número uno, dentro de las revistas españolas, en las categorías de comunicación y educación, hecho similar a lo que sucede dentro del ranking Cite Score (Scopus), también dentro de la categoría de estudios culturales, hecho casi similar a lo que ocurre en el ranking SJR, también de Scopus, donde solo desciende una posición en la categoría de comunicación. Es la propia revista la que nos proporciona su posicionamiento (Comunicar, 2022a). Vayamos al análisis de lo abordado por esta revista, y por aquello omitido, para comprobar si nos encontramos en un ámbito relacionado con la posverdad. Lo primero que llama la atención es la inexistencia de estudios culturales dentro de la temática abordada en base a la propia fuente primaria, es decir, la revista (Comunicar, s. f.).

En el año 2011, el autor más prolífico de la revista Comunicar era Julio Cabero, de la Universidad de Sevilla, con ocho artículos (Fuentes et al., 2012). Pese a que el rechazo de artículos de la revista se encuentra en cifras no inferiores al 93,10% en los últimos años (Comunicar, 2022b), cuando analizamos el contenido de su volumen XXX, número 71, del segundo trimestre-abril- de 2022, uno de los artículos que nos encontramos es de este mismo autor, con hasta 13 artículos publicados en esta revista, de la cual forma parte, dentro de su consejo científico. Las radicales conclusiones de este Catedrático de Universidad, del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la citada universidad anterior, y de sus coautores, en este último artículo, estaban relacionadas con el objetivo principal del estudio, el cual era determinar las percepciones de 166 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad deSevilla sobrela credibilidad del profesorado universitario atendiendo a sus tweets: “es importante que los docentes gestionen el tipo de contenido que comparten en susperfiles de Twitter para ser percibidos como docentes creíbles y para afectar positivamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje” (Froment et al., 2022, 140). El nombre del monográfico en el cual se publicó este artículo tuvo por nombre “discursos de odio en comunicación: Investigaciones y propuestas”.

Realicemos un análisis literal de conclusiones para entender cuál es la filosofía y el contexto de la revista más importante de educación en el Estado español, según los rankings ya citados; una de ellas fue:este nuevo fenómeno de los booktokers “puede alentar a los educadores, a los administradores de instituciones educativas, y a los tomadores de decisiones deinstituciones gubernamentales para trabajar en conjunto con los booktokers y fomentar e incentivar elhábito de la lectura en los adolescentes” (Guiñez-Cabrera y Mansilla-Obando, 2022, 128).

La investigación sobre enseñanza llega a su cenit con conclusiones, de docentes de algo tan educativo como el Departamento de Sistemas y Computación de dos universidades mexicanas, como aquellas con las que cierran su escrito: “Los resultados muestran una mejora del tiempo de transformación de los datos noestructurados a datos estructurados empleando técnicas de Cómputo Paralelo con Algoritmos Genéticos,obteniendo un 682% de ahorro de tiempo comparado con el Cómputo Secuencial” (Castillo-Zúñiga et al., 2022, 115). Todo ello, dentro de una especie de distopía titulada “Detección de rasgos en estudiantescon tendencia suicida en Internetaplicando Minería Web”.

Sin duda, conclusiones nunca leídas, ni vistas -o, por el contrario, hasta la saciedad-, podemos leer a continuación: “Los maestros pueden experimentar formas inclusivas deutilizar las tecnologías basadas en las TIC para transferir las competencias inclusivas a sus aulas. Estapráctica permitió escuchar las diferencias entre los distintos niveles de actores para promover la educación inclusiva” (Yasar-Akyar et al., 2022, 102)

Aprendamos de todo aquello que nos aportan las investigaciones de impacto, y que quizás hubiera quienes no se lo hubieran planteado: “Es necesario ampliar las investigaciones sobre trata de personas y sobre la difusión de determinadosdiscursos y temáticas en redes sociales como Twitter, donde participan una amplia gama de actores” (Sierra Rodríguez et al., 2022, 89).

La emancipación que logra el conocimiento aportado por Comunicar es inequívoca: “sea por la acción de otros agentes (políticos, sociales o mediáticos) o por la propiasituación de excepcionalidad e incertidumbre, el combustible utilizado por los «bots» en este debate haconsistido en extremar las posiciones de partida” (Robles et al., 2022, 73).

No hay que promover ningún tipo de boicot a los medios de comunicación, según la fuente analizada: “Para mejorar la representación, los medios de comunicación deben hacer hincapié en lascontribuciones de los inmigrantes y los refugiados para aumentar las asociaciones positivas y adoptar unavisión equilibrada que destaque diferentes ángulos” (Gonçalves y David, 2022, 58).

Como medida emancipatoria, hay quienes apuestan por la medición, y parece que hay quienes se identifican con los/as emisores/as que opinan igual:

las medidas biométricas son más fiables al evaluar temas donde el sesgo de «lo políticamente correcto» ejerce fuerte presión. En su conjunto, esta investigación confirma que el «sesgo de percepción selectiva» favorece la valoración positiva del discurso de los emisores con los que existe afinidad ideológica y el rechazo de los discursos de ideología contraria, especialmente en el ámbito de la comunicación política. (Abuín-Vences et al., 2022, 46).

El cúmulo de investigaciones de conclusiones tan relevantes, en gran parte, financiadas con dinero público, incluye: “Lasredes sociales han demostrado ser un verdadero reto para las ciencias sociales ya que, a través de laspublicaciones expuestas en estas plataformas, se busca comprender mejor la interacción humana y mejorarasí las condiciones existentes” (Arcila-Calderón et al., 2022, 32); “Los hallazgos destacan la necesidad de comprender la perpetracióndel discurso de odio tomando en consideración varias motivaciones y las relaciones con las normassociales. Las motivaciones más frecuentes fueron la venganza, la ideología y la conformidad de grupo” (Wachs et al., 2022, p. 18).

Cabría preguntarse cuáles serían las respuestas que aportarían expertas y expertos en las materias abordadas con anterioridad a las investigaciones, y si estas acaso diferirían mucho de las conclusiones, siempre textuales, aportadas. Quienes no desean formar parte de ese tipo de revistas como Comunicar, e incluso en esa dictadura del inglés en la ciencia (Hernández 2021), quienes no deseamos formar parte de la posverdad, lo tenemos realmente complicado. Según Charlie Brooker, creador de la serie distópica Black Mirror, el tema central de su trama es como la tecnología destroza la vida (Ierardo 2019). Las atrocidades tras el coltán no son objeto de estudio, pese a ser la base de las tecnologías, que adoran como religión (Nest 2011). “La tecnología aparece entonces como sedimentación e institucionalizaciónde la esclavitud” (Liceaga, 2022, 204), es posverdad, precisamente, que distorsiona deliberadamente realidades, marcadas por unas condiciones inhumanas contra seres humanos, desde el Congo hasta China. Pero de ello no se publica, de ello no trata la investigación educativa, los dispositivos electrónicos pareciera que procedieran simplemente de tiendas físicas, o de multinacionales como Amazon. La realidad es otra… pero la didáctica de lo políticamente correcto no puede permitir que el escenario cierto se vea.

CONCLUSIONES

Las multinacionales no pueden decidir qué es la verdad y qué no lo es, qué es publicable y no lo es. Los/las investigadores/as no debiéramos someternos a plazos marcados por revistas concretas en las que ni tan siquiera desearíamos publicar si nos encontráramos en un mundo académico no jerarquizado; estas revistas fueron amparadas al olimpo por dichas multinacionales, pero la ciencia no tiene límites de 5000/7000 palabras, ni debe presentar gráficos, tablas o estadísticas como religión. Gran parte de la investigación educativa, en concreto, como didáctica en la enseñanza de la posverdad, bajo mi punto de vista, es abominable, un compendio de verdades de perogrullo, financiadas con dinero público, para más inri. Hay que replantearse un modelo definido como de impacto, pero que donde realmente incide es en la promoción profesional de quienes se han convertido en expertos/as publicadores/as de profecías autocumplidas, acríticas, dentro de lo políticamente correcto. Todas las medidas de cambio que se propongan “incluyen revisar la millonaria licencia nacional para Scopus y Web of Science” (Bartomeus et al., 2019).

Si la normalización es nuestro modo esencial de funcionamiento en la actualidad (Foucault 2012), hoy ya no es necesario para la clase privilegiada la imposición de un Indexlibrorumprohibitorum, ni más víctimas ejemplarizantes como Giordano Bruno. La alineación con el capital siempre será bendecida por este, al igual que Coca-Cola paga bien a sus divulgadores/as científicos/as (Rey-López y González, 2019), y que Roma no paga traidores.

Si “la mercantilización del conocimiento y su economía están sujetos alrendimiento de capital para grandes inversores” (Martínez, 2020, 57), es necesario conocer, y aplicar, los conceptos necesarios para disolver el capitalismo académico (Espinoza y Angulo, 2020). No podemos permitirnos más casos AaronSwartz o Alexandra Elbakyan (De Vito 2019).

Hay quienes vislumbramos otro mundo, más allá de la posverdad y del amor al poder, y otra investigación, que fuera realmente educativa, con el objeto de un mundo mejor, no de aumentar el beneficio de multinacionales. “Vivir en monotonía las horas mohosas… de los resignados… es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masainforme de carne... A la vida es necesario brindarle laelevación exquisita de la rebelión del brazo y la mente” (Bayer 2009). Al igual que la mayor parte de las universidades europeas usan el factor de impacto para juzgar al personal investigador (McKie 2019), se abrió un rayo de luz cuando la holandesa Universidad de Utrecht abandonó dicho criterio para la contratación y promoción del personal académico, apostando por la evaluación por la promoción y el compromiso por la ciencia abierta (Woolston 2021). El cambio, pues, es realmente posible, puesto que… “¿Cabe seguir aceptando la dirección del capital sobre el conjuntode la sociedad?” (Riechmann 2011).

REFERENCIAS

Abuín-Vences, N., Cuesta-Cambra, U., Niño-González, J., Bengochea-González, C. (2022). Análisis del discurso de odio en función de la ideología: Efectos emocionales y cognitivos. Comunicar, 71, pp. 37-48. https://doi.org/10.3916/C71-2022-03

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